El Hijo del Camionero
“Las razones de la agencia que son de peso y de fondo, deja claro que no es un acto arbitrario”
Por: Dr. Mario Rodolfo Cid de León Carraro
Presidente de la Junta de Enlace Ciudadano,
para el Análisis de Temas Económicos
y Sociales de México y Nezahualcóyotl
@MRODOLFO_CID
En “El Hijo del Camionero”, ya hemos expuesto sobre el papel que juegan las agencias calificadoras y lo que implica la calificación que imponen a las finanzas públicas de cualquier país y a sus empresas, por lo que se considera que valdrá la pena adentrarse en estos temas, pero en esta ocasión el foco de observación son las acciones de tomadas por Standard and Poor’s respecto a la calificación soberana que le asigna a México, la que mantuvo en “BBB”, pero paso de perspectiva estable a negativa; esto quiere decir que si no se corrigen en el corto plazo ciertos aspectos de la economía mexicana, la agencia asignaría una calificación más baja y aquí es importante destacar que existe todo un rango de calificaciones, que le permiten distinguir al capitalista internacional, que país es totalmente seguro para invertir, es decir que cuentan con el llamado grado de inversión, grado con el que cuenta México.
El grado de inversión significa certeza en diversos aspectos y la calificación “BBB”-, otorga a México ese grado de inversión, pero aquí viene la mala noticia, “BBB”- es la calificación más baja del rango de grado de inversión, lo que quiere decir que la perdida de la nota en comento, significa la pérdida del mencionado grado, indicando que el país es riesgoso para invertir, lo que significaría que para atraer capitales, México tendría que ofrecer mayores tasas de interés, pagar créditos a tasas mucho más altas y ofrecer incentivos muy altos incluso anti económicos, para buscar inversiones (no cobrar impuestos, así como regalar infraestructura e incluso financiar operaciones de los inversionistas).
De acuerdo con el informe de Standard and Poor’s, en el que se basa esta revisión, las principales razones por las que México se encuentra en la actual situación:
- El lento crecimiento económico de México, las restricciones presupuestarias y la materialización de pasivos contingentes se traducirían en una consolidación fiscal muy gradual y a un aumento de la deuda pública.
- Falta de certeza de que las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos se mantengan sólidas, y la incertidumbre en torno a la renegociación del tratado de libre comercio han generado desconfianza en los inversionistas.
Estas dos situaciones implicaron revisar a negativa de estable la perspectiva de las calificaciones soberanas de largo plazo de México y se confirman las calificaciones soberanas de largo plazo en moneda extranjera de ‘BBB’ y en moneda local de ‘BBB+’ de México. La perspectiva negativa incorpora el riesgo de que resultados fiscales persistentemente débiles deriven en un aumento más rápido que el previsto en los niveles de deuda pública del país.
El 12 de mayo de 2026 la agencia, cambió de estable a negativa la perspectiva de las calificaciones soberanas de largo plazo de México, simultáneamente confirmó mismo las calificaciones soberanas de largo plazo en moneda extranjera de ‘BBB’ y en moneda local de ‘BBB+’ del país y también se confirmaron las calificaciones soberanas de corto plazo de ‘A-2’, por lo que la evaluación de riesgo de transferencia y convertibilidad (T&C) de ‘A’, no observaron ningún cambio.
La perspectiva negativa refleja el riesgo de una consolidación fiscal deficiente, debido en gran medida al nulo crecimiento económico y un aumento más rápido de lo esperado en los niveles de deuda pública y un mayor costo en intereses, situación que se ve agravada por el apoyo fiscal sustancial a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad que en sí mismo no es el problema, el problema consiste en que el apoyo, no se ve respaldado con un plan real que implique la corrección de los problemas en ambas empresas. Otro factor de impacto ha sido un deterioro de los estrechos vínculos comerciales y económicos entre México y Estados Unidos, debilitando de esta forma la posición externa del país.
En los próximos 24 meses, la calificadora podría bajar la calificación soberana de México si no reduce sus déficits fiscales de manera oportuna, y consecuentemente controle la evolución de la deuda pública, la carga de intereses y pasivos contingentes, a su vez si la relación económico comercial con Estados Unidos, no se corrige, este sería un factor de degradación, situación que es clara para los vecinos del norte, los que aprovechan para presionar por distintos frentes, para conseguir de nuestro país, un trato ventajoso, lo que también podría suponer una degradación, si dicho trato no es equitativo para las partes, La forma de evitar la degradación, e incluso mejorar la calificación, implica que en los mencionados 24 meses, se logre una consolidación fiscal significativa, estabilizar los niveles de deuda y la carga de intereses del gobierno, así como un repunte en los niveles de inversión del sector privado que impulse el crecimiento económico, que logre estabilizar las finanzas públicas.
En su momento, las calificaciones positivas, reflejaron un marco institucional que fomentó la estabilidad política y transiciones adecuadas de gobierno durante más de dos décadas, así como políticas fiscales y monetarias cautelosas apoyadas por un régimen de tipo de cambio flotante. Muchos años de políticas monetarias prudentes y mercados de capitales internos en crecimiento fortalecieron la flexibilidad monetaria del país, factores que mantuvieron la confianza de los inversionistas y el acceso del soberano a los mercados globales de capitales, donde el Banco de México, desempeño una función destacada al implementar una política monetaria de metas de inflación controlada.
El débil crecimiento económico, la creciente rigidez en el gasto y la débil situación financiera de las mayores empresas del sector público mexicano reducen la flexibilidad fiscal y aumentan los niveles de deuda, lo que a pesar de la estabilidad institucional y política, no se traduce en un crecimiento económico más rápido.
Durante las últimas dos décadas y media, los gobiernos mexicanos de diversos partidos políticos han aplicado, en general, políticas fiscales y monetarias moderadas, y han apoyado el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá, no obstante a pesar de la implementación de dichas políticas, nunca se logró resolver de forma real problemas como la baja productividad, el bajo crecimiento económico, así como que no se palearon las necesidades infraestructura física, la preeminencia de una gran economía informal, el limitado acceso al crédito, la baja calidad educativa y las débiles condiciones de seguridad.
El gobierno mexicano, anunció el Plan México, un programa diseñado para impulsar la inversión, el empleo, la autosuficiencia energética y alimentaria mediante inversiones específicas de los sectores privado y público y para apoyar el mencionado plan, anunció en febrero de 2026 un plan de infraestructura por $5.6 billones de pesos es decir el 15% del PIB, el que contempla inversiones públicas, privadas y mixtas, pero a pesar de semejante respaldo, no ha logrado detonar; la explicación al hecho, es la falta de confianza de diversos agentes económicos hacia el poder judicial.
Las negociaciones con Estados Unidos sobre el futuro del T-MEC se han visto afectadas por toda una estructura ajena al comercio, tal es el caso del narcotráfico y la inmigración ilegal, situaciones que independientemente la veracidad, son utilizadas por el gobierno estadounidense, para chantajear a los distintos niveles de gobierno mexicanos; donde el caso más relevante es que un tribunal federal estadounidense presentó cargos contra un gobernador estatal mexicano en funciones, un senador y otros funcionarios públicos por sus vínculos con organizaciones de narcotráfico, mientras que el vecino del norte no ha respondido al llamado de extradición de más de 200 personas, generando un ambiente de desconfianza mutuo, que no ayuda en nada al desempeño económico.
México, Estados Unidos y Canadá se encuentran en un proceso formal de negociaciones técnicas del T-MEC, donde la expectativa sería que a partir del 01 de julio de 2026, el tratado se prorrogara por 16 años más, pero tal parece que la estrategia es “alargar hasta noviembre”, que se celebran las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en la que los socios, evidentemente esperan la derrota de los republicanos, lo que genera un alto grado de incertidumbre y retraso en el ejercicio de inversiones, lo que pudiese adentrarnos en un proceso de revisiones anuales hasta que se alcance un consenso; en cualquier momento, cualquiera de los países podría retirarse unilateralmente tras un preaviso de seis meses.
En la actualidad, los puntos clave de la negociación son fortalecer las normas de origen y las cadenas de suministro regionales, reducir la exposición del bloque a los insumos de fabricación en China y revisar las normas del mercado energético mexicano, sin que Estado unidos presente sus ofrecimientos, lo que agrava la incertidumbre.
Debido a la desaceleración del consumo y la contracción de la inversión del sector privado, el crecimiento del PIB de México sólo alcanzó el 0.8% en 2025, frente al 1.1% en 2024 y el 3.3% en 2023. Durante el primer trimestre de 2026, la economía creció tan solo un 0.2% en términos anuales, lo que en un entorno externo complejo, en el marco de precios caros de electricidad y combustible, y la incertidumbre en torno a la renegociación del T-MEC, aunado a la reticencia del sector privado a invertir más, probablemente se traduzca en un crecimiento del PIB del 1% en 2026, lo que implica un crecimiento prácticamente nulo en 8 años, lo que ya no da certeza para invertir.
En el contexto de mal desempeño económico, y de restricciones presupuestarias de México generen una consolidación fiscal muy gradual, con un déficit fiscal promedio de 4.2% del PIB para el período de los siguientes dos años.
El soberano no garantiza formalmente la deuda de Pemex ni de la CFE, sin embargo, la agencia considera que la probabilidad de que el soberano siga apoyando a ambas entidades es casi cierta, como ocurrió recientemente, por tal motivo, la mencionada agencia califica a Pemex y a la CFE en el mismo nivel que el soberano, lo que pone a ambas empresas en línea directa a perder el grado de inversión.
Se prevé que la deuda neta del gobierno general de México aumente en un promedio anual del 4.4% del PIB entre 2026 y 2029, lo que representa una tendencia muy distinta a la históricamente observada por su muy mayor rango, lo que la ubicara en un 54% del PIB en 2029, desde 49% en 2025. Los pagos de intereses, como porcentaje de los ingresos generales del gobierno, promediaran un 15% durante el período de previsión, monto también alto.
La composición de la deuda soberana de México limita el riesgo de mercado y de tasa de interés, casi 85% se emite a nivel nacional en pesos con tasas de interés fijas. Los fondos de pensiones privados mexicanos son los mayores tenedores de deuda pública mexicana y, junto con otros inversionistas institucionales nacionales, es probable que sigan siendo acreedores estables y habituales del soberano.
A febrero de 2026, los activos improductivos representaban alrededor de 2.45% de la cartera total de crédito y siguen totalmente cubiertos por reservas para pérdidas crediticias. Los bancos de propiedad extranjera representan aproximadamente 62% de la cartera de crédito total y se espera que el crédito total se expanda en torno a 9% en términos nominales en 2026, mientras que el crédito local al sector privado y a las empresas públicas no financieras se ubicaba en 28% del PIB en 2025.
Una política migratoria más restrictiva debería reducir las remesas, pero aun así se espera, representen un promedio del 3% del PIB de México y en ese marco se prevé un déficit de la cuenta corriente del 0.7% del PIB durante el período de proyección, financiado en su totalidad por las entradas netas de inversión extranjera directa.
La estimación de la deuda externa neta en sentido estricto (deuda bruta neta de activos externos líquidos) promediara el 20% de los ingresos de la cuenta corriente hasta 2029. Las necesidades de financiamiento externo bruto del país ronden el 87% de los ingresos de la cuenta corriente y las reservas utilizables.
Aquí se puede visualizar un dato poco conocido, México tiene acceso a una línea de crédito flexible por $24,000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y a una línea de swap de $9,000 millones del Tesoro de Estados Unidos; estos dos elementos dan cierto soporte a las finanzas públicas que evita la degradación de la calificación; lo bueno es que los gobiernos d México y de Estados Unidos no simpatizan entre sí, sino imagínense (fue sarcasmo).
La débil actividad económica contribuirá a que la inflación general vuelva a situarse dentro del rango del banco central de 2% a 4% para el segundo semestre de 2027, pero los precios de ninguna forma regresaran a los niveles previos a la escalada, efecto que muestra el deficiente manejo económico del país. Es importante que la independencia legal del banco central y el respaldo público a la institución implicara la continuidad de una política monetaria prudente, que aparentemente es lo único solido de la política económica, en lo que seguirá operando una moneda de libre flotación, donde el banco central no ha intervenido en el mercado cambiario desde la pandemia.
Como tal vez sea del conocimiento de varios de ustedes, la otra agencia calificadora, Moody’s no solo cambio la perspectiva, degradó a México, por lo que será interesante revisar el análisis y motivos de esta, para tomar la decisión, por lo que el caso, lo revisaremos en este espacio la próxima semana.
En resumen son dos factores los que cambiaron la perspectiva de la calificación crediticia de México. El enorme endeudamiento que compromete una posible consolidación fiscal y mantiene abiertos los déficits y la pésima perspectiva en las negociaciones para la revisión del TMEC, ambos factores obligan a revisar a fondo la política económica, su sustitución si fuera pertinente en el contexto de un nuevo modelo, que a juicio de quien escribe debe dejar a tras este amorfo neoliberalismo que se adoptó en 2019, para transitar a un modelo neo keynesiano.
Vienen las elecciones y llegó el momento de que nosotros ciudadanos exijamos el rumbo que debe tomar el gobierno, evitando que lo metan a la deriva que mantiene por lo menos desde hace 30 años. Que quede para la reflexión.
