El Hijo del Camionero
Por: Dr. Mario Rodolfo Cid de León Carraro
Coordinador del Grupo de Estudio y Análisis
Político Económico de Nezahualcóyotl
@MRODOLFO_CID
La temática que gira entorno a la dotación del agua potable en este país, ha desatado un gran interés, sobre todo ante la dinámica actual de sequía, agotamiento de acuíferos y deterioro sustantivo de la infraestructura a través de la que se despacha el líquido; por ello es necesario recordar que la dotación del servicio, incluye la potabilización y traslado del agua, alcantarillado, drenaje y saneamiento de aguas residuales.
Conforme a las revisiones realizadas por la Auditoria Superior de la Federación, se han determinado problemas de diversas índoles, que propician que el agua potable de calidad, en los hogares, no sea una realidad plena, debido a problemas tales como un marco normativo impreciso e incompleto, la Ley de Aguas Nacionales, no incluye disposiciones específicas para coordinar y supervisar a las entidades públicas que prestan los servicios señalados; se puede citar que en cuanto a la función coordinadora de la CONAGUA respecto a los órganos estatales y municipales, en la implementación del Plan Nacional Hídrico, no especifica los mecanismos de comunicación e interacción entre estos, y tampoco establece los mecanismos para hacer efectivas las contribuciones por el servicio, ni para recuperarlas, además de que no existen los sistemas de evaluación del desempeño, así como los indicadores de eficiencia.
La CONAGUA de acuerdo a la ASF, no cuenta con capacidad para supervisar el funcionamiento de los Órganos Operadores de Agua en los estados y en los municipios, además que de estos, no cuenta con datos suficientes y actualizados sobre su desempeño en materia de potabilización, suministro y saneamiento, así como de las condiciones de la infraestructura hídrica que éstos operan; así mismo, los sistemas de información de la Comisión, no sirven para monitorear y evaluar el cumplimiento del Plan Nacional Hídrico.
Lo expuesto deja claro que hace falta emitir una nueva ley en la materia, en la que se “precisen las condiciones en que se debe garantizar el derecho humano al agua, además de establecer parámetros y estándares de calidad del agua potable y tratada; además de establecer los mecanismos para recopilar, procesar, integrar, consolidar, reportar y publicar información del sector de manera oportuna y pertinente, además de establecer sistemas de información confiables y relevantes”.
En esta parte debe quedar perfectamente clara la exigencia de asegurar que los recursos derivados del pago por el uso o aprovechamiento del agua se utilicen para mejorar, ampliar y modernizar la infraestructura hídrica y no para otras cosas.
Otro problema determinado por la Auditoria Superior de la Federación, es las deficiencias en la prestación de los servicios de los Órganos Operadores de Agua y de la CONAGUA en cuanto a la calidad del agua potable suministrada a la población, el abastecimiento y distribución de la misma, la cobertura de la red de alcantarillado y drenaje y los procesos de saneamiento de las aguas residuales.
La garantía constitucional de acceso al agua salubre para toda la población aún no es una realidad; se ha detectado de manera continua, el despacho de agua contaminada, problema visto en mayor magnitud en las regiones Valle de México, Balsas, Península de Baja California, Lerma Santiago-Pacífico y Golfo Centro, que abastecieron al 61.2% de la población, es decir a 75.64 millones de habitantes de acuerdo a la Auditoria Superior de la Federación; por otra parte los Órganos Operadores de Agua, no realizaron las funciones suficientes para potabilizar el agua, por lo menos a un nivel aceptable.
En materia de incremento de la calidad del agua para uso doméstico, los Órganos Operadores de Agua no alcanzaron las metas de incrementar la cobertura de desinfección de agua para uso doméstico. Por otra parte, aunque se incrementó el número de plantas potabilizadoras, su capacidad no fue aprovechada de manera óptima, existiendo una capacidad del 30% sin ser utilizada, lo que limita la disponibilidad del volumen de agua potable para uso en los hogares.
En cuanto la operación de los Órganos Operadores de Agua, respecto al abastecimiento y distribución de agua para uso doméstico, la ASF encontró que se presenta falta de regularidad en la disposición del líquido y la pérdida de recursos hídricos para suministro a los consumidores., considerando que la Organización Mundial de la Salud, establece que el nivel mínimo disponible por persona es de 50 litros diarios, mientras que el óptimo es de 100 litros. La CONAGUA no contó con información precisa para identificar las regiones en las cuales no se abasteció la cantidad de agua potable recomendada como óptima, a fin de implementar acciones que permitieran revertir dicha situación, lo que a su vez a llevado ante la falta de abasto, a que la gente adquiera carga de pipas, tomas de pozos o adquiera agua embotellada, lo que podría interpretarse como una privatización fáctica del servicio.
A nivel nacional, se detecta que en tránsito, se pierde el 35.10% de flujo de agua; entre las causas de la pérdida de agua se encuentran las deficiencias en las redes primarias y secundarias de distribución, pudiéndose observar que por Órganos Operadores de Agua, la atención a este problema, fue totalmente diferenciada; de acuerdo a la ASF, en los casos menos graves, se perdió 0.10% del líquido distribuido mediante tuberías, en tanto que, en el caso más crítico, se desperdició el 95.0%; se destaca una situación relevante, los operadores desconocen el estado real de las tuberías.
Respecto al alcantarillado y saneamiento, a cargo de los Órganos Operadores de Agua, se plante eficiencia en la recuperación de aguas grises, residuales y negras, pero hay que especificar, de las aguas de este tipo que entran al sistema, mientras que estas aguas de 5, 979,423, se depusieron a través de fosas y tanques sépticos y 423,018 en barrancas, grietas, ríos, lagos o mares, como resultado de la falta de infraestructura de saneamiento que evite la contaminación de los cuerpos de agua y mantos freáticos, todo ello de acuerdo a información del INEGI.
El tratamiento de aguas residuales, si bien se ha incrementado paulatinamente, sigue muy lejos de alcanzar la meta de tratar el 100% del agua usada y reusada, lo que ha provocado el desagüe descontrolado de estas aguas contaminantes a los cuerpos de agua limpia. El total de agua saneada representó 58.20% del caudal colectado, lo que provocó que 41.8% del caudal de aguas residuales regresara al medio ambiente sin pasar por un proceso de depuración.
De manera específica, en materia de financiamiento a las acciones de tratamiento de aguas residuales, la ASF identificó la existencia de fallas en cuanto al ejercicio de recursos. La CONAGUA no cuenta con un diagnóstico o programación para el otorgamiento de apoyos para este rubro, lo que propició que la entidad desconociera cuáles fueron las necesidades de construcción, ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales.
De acuerdo a la Auditoria Superior de la Federación, las deficiencias operativas de los Órganos Operadores de Agua son relevantes en tanto que afectan el bienestar de la población, es el caso que el no resolver la contaminación propiciada por la descarga de aguas residuales sin tratamiento a los cuerpos de agua constituye la problemática más alarmante, toda vez que la presencia de contaminantes en las fuentes de las cuales se extrae este recurso limita su sustentabilidad y genera una mayor presión a las acciones de potabilización, que aún son insuficientes.
La insuficiencia de recursos para el financiamiento del servicio público de agua para uso doméstico, es otro problema muy grave, ya que los presupuestos para la atención de estos servicios, se han visto reducidos los últimos años, y a las deficiencias en cuanto a la fijación de tarifas a nivel nacional y al cobro de derechos por parte de los Órganos Operadores de Agua. Conforme al análisis de la ASF sobre las tarifas de agua establecidas por las autoridades competentes de los ámbitos estatal y municipal, no existe uniformidad en su determinación, lo cual obedece, principalmente, a que el Gobierno Federal carece de directrices generales para recuperar los costos de la prestación del servicio.
La estructura tarifaria, se plantea en un costo unitario, establecido por las autoridades competentes para la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje y saneamiento; el subsidio aplicable, y los tipos de usuarios, además de tomar en cuenta objetivos de eficiencia económica, autofinanciamiento y acceso a servicios, con base en criterios de equidad y sustentabilidad del recurso, de acuerdo a lo planteado por la Auditoria Superior de la Federación. La CONAGUA destaca que las tarifas deben reflejar los costos de extracción, conducción, tratamiento y distribución del agua, así como aquellos asociados con el mantenimiento y administración de la infraestructura del servicio.
La Comisión Nacional del Agua, plantea que el porcentaje de ingreso de los hogares, para el pago de la prestación del servicio de agua potable, no debe superar el 3.00%; según esto, se busca que el pago por concepto de agua para uso doméstico no afecte la capacidad de las personas para adquirir otros productos y servicios esenciales.
Las metodologías propuestas por la CONAGUA para fijación de tarifas, no son vinculantes ni de observancia obligatoria, por lo que su establecimiento queda a la discreción de los Congresos estatales. En este escenario es comprensible que los precios unitarios del agua en el territorio nacional sean dispares.
Aunado a lo anterior, la ASF también identificó diversas fallas en materia del cobro de tarifas vinculadas con la falta de instalación de medidores del volumen de agua consumido, entre otros factores; por ello, los Órganos Operadores de Agua adoptaron el mecanismo de cuota fija, que se refiere al pago de un monto independiente de la cantidad de agua consumida. La ASF determinó que el uso de una cuota fija no promovió el uso responsable del recurso con base en un pago justo del servicio, lo que nos lleva a tener que resolver un problema de ética social.
El volumen facturado de agua, históricamente no se cobra al 100%; en un examen del INEGI, de los 6, 097,837.0 miles de metros cúbicos de agua facturada, sólo se cobraron 4, 554,985.0 mm3, lo que indica que se pagó únicamente el 74.7% del agua facturada. Los Órganos Operadores de Agua presentaron fallas en su desempeño, debido a que la eficiencia en el cobro del servicio de agua fue de 73.6% promedio nacional, lo que representa una pérdida del 26.4%.
Adicionalmente, las fiscalizaciones ordinarias de la ASF mostraron fallas en la capacidad de cobro de las cantidades facturadas y falta de pago por parte de los usuarios morosos, así como un incremento de la cartera vencida del servicio público de agua para uso doméstico, lo que a su vez refleja ineficiencias operativas y estratégicas de los Órganos Operadores de Agua repercuten en su desempeño financiero.
Dadas las limitaciones presupuestales, es preciso que los recursos provenientes del cobro de derechos por el servicio público de agua para uso doméstico se destinen a las labores de mantenimiento, reparación y expansión de la infraestructura, lo que justifica la necesidad de avanzar en el establecimiento de una política tarifaria acorde con las necesidades del sector, así como mejorar las capacidades e instrumentos de medición y cobranza, tomando siempre en consideración los volúmenes de uso promedio por persona en una familia y la capacidad económica de esta.
La insuficiencia de recursos financieros no permite garantizar la sostenibilidad de la proveeduría de agua, limita tanto la eficiencia económica como la viabilidad financiera y operativa de los Órganos Operadores de Agua, y afecta la mejora y el crecimiento de la infraestructura para la prestación de este servicio público.
¿Qué es lo que sigue?, propone un amigo mío, Arturo Guerra: “será interesante exponer todas las alternativas viables y factibles en este tema”
Es exactamente lo que obligadamente sigue, consultar a los especialistas con el objeto de construir un nuevo sistema integral de dotación de agua potable a los hogares, incluido el drenaje y saneamiento, el que de antemano corrija y esté exento de estos problemas.
Agradezco el interés mostrado por este tema, el que a este nivel se concluye con esta tercera columna, ahora se prepara el siguiente nivel de acción.
