Lo Que No Hacen Los Buenos
Por Efraín Delgadillo Mejía
La soberanía no se demuestra en discursos: se demuestra recuperando los territorios donde el crimen organizado decidió mandar. Lo que ocurrió con el aguacate debería ser una advertencia nacional: si el Estado pudo responder allí, debe hacerlo en todo el país.
Durante años, el aguacate mexicano cruzó la frontera con una normalidad casi doméstica. Salía de las laderas volcánicas de Michoacán, pasaba por empacadoras vigiladas por inspectores estadounidenses y terminaba en supermercados de Chicago, Los Ángeles o Nueva York, convertido en un ingrediente habitual de la mesa norteamericana. Esa rutina, sin embargo, descansaba sobre una condición menos visible que la calidad del fruto o la eficiencia de la cadena logística: la capacidad del Estado mexicano para garantizar que la producción, la certificación y el transporte ocurrieran bajo el imperio de la ley.
La suspensión temporal de inspecciones estadounidenses en zonas productoras no debe interpretarse como un castigo al aguacate, sino como una señal sobre las condiciones de seguridad que rodean su exportación. En ese punto se cruzan tres historias: la de una relación comercial profundamente integrada, la de un gobierno obligado a responder ante una presión externa y la de comunidades rurales que viven entre la prosperidad formal de una industria global y la presión cotidiana de poderes criminales.
La pausa más reciente ocurrió después de una alerta de seguridad relacionada con personal estadounidense en Michoacán. Sin inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en huertas y empacadoras, no hay certificación; sin certificación, se detienen los nuevos embarques. La medida fue temporal, pero recordó la fragilidad de una de las cadenas agroexportadoras más rentables de México. No era la primera vez: episodios similares en 2022 y 2024 ya habían mostrado que el comercio puede interrumpirse cuando la seguridad deja de ser una garantía básica.
La respuesta mexicana fue inmediata: el despliegue del Ejército y de la Guardia Nacional en zonas productoras para proteger huertas, empacadoras, rutas y al personal extranjero indispensable para reabrir el mercado. En términos administrativos, fue una medida de contención. En términos políticos, tuvo un significado más incómodo. El Estado no estaba defendiendo únicamente un tratado comercial; estaba intentando demostrar, ante productores, consumidores y socios extranjeros, que aún podía ejercer autoridad en el territorio donde se genera una parte estratégica de su riqueza agrícola.
Michoacán, principal estado exportador, produce riqueza en un paisaje donde la economía legal convive con poderes armados que gravan la cosecha, el transporte y el empaque. El aguacate es conocido como oro verde por su valor en dólares, pero su atractivo no se limita a los mercados internacionales. También ofrece al crimen organizado una renta estable, dispersa y difícil de erradicar. Cuando se cobra por kilo, por camión o por permiso informal de operación, la cadena exportadora deja de ser solo una historia de éxito agroindustrial y se convierte en una red de obediencias forzadas.
Por eso el tema pesa más allá de los puertos de entrada y de las aduanas. En México, la disputa por el aguacate también habla de elecciones, legitimidad y confianza pública. Un productor extorsionado no evalúa al gobierno desde la retórica de la soberanía, sino desde una pregunta elemental: si puede cortar, empacar y vender sin pedir permiso a un poder armado. Un trabajador que ve frenada la exportación entiende que la inseguridad no es una abstracción: es salario, jornada y despensa. Una comunidad que depende del comercio exterior mide al poder con una vara más simple y más dura: si controla el territorio o si solo aparece cuando el problema ya cruzó la frontera.
En campaña, los gobiernos suelen hablar de exportaciones, inversión y empleo como pruebas de éxito. Pero cada suspensión estadounidense introduce una imagen difícil de neutralizar: un Estado que necesita militarizar zonas productivas para que un inspector extranjero pueda trabajar. Para la oposición, el episodio ofrece un argumento contra la estrategia de seguridad. Para el oficialismo, permite exhibir capacidad de reacción. Para los votantes locales, sin embargo, la lectura suele ser menos teatral. La boleta promete futuro; la extorsión cobra presente.
La señal que llega desde Washington tampoco debería leerse únicamente como presión diplomática. El acceso al mercado estadounidense exige calidad agrícola, pero también trazabilidad, legalidad y seguridad. Si los productores legales son víctimas de extorsión y los inspectores extranjeros requieren escoltas o repliegues, el problema deja de ser solo bilateral. Se vuelve una pregunta interna sobre la captura criminal de una parte del territorio productivo. Ningún tratado comercial sustituye al Estado ausente; ninguna exportación exitosa puede sostenerse indefinidamente si el camino a la empacadora depende del miedo.
La reanudación de los envíos, cuando ocurre, suele presentarse como alivio. Y lo es: se salvan pedidos, empleos y precios. Pero cada reapertura deja pendiente la misma pregunta. ¿Puede México proteger de manera permanente una industria estratégica sin recurrir a despliegues extraordinarios cada vez que el crimen toca la puerta? Mientras esa respuesta sea incierta, el aguacate seguirá siendo más que un fruto de exportación. Será una prueba recurrente de Estado, de soberanía práctica y de credibilidad política.
El desafío para la presidenta Claudia Sheinbaum y para Morena no consiste solo en responder a una crisis puntual, sino en demostrar que la soberanía no se agota en el discurso. Se ejerce en los caminos rurales, en las empacadoras, en las huertas y en la vida cotidiana de quienes producen riqueza bajo amenaza. La frontera comercial no se debilita primero en la aduana. Se erosiona antes, en el tramo donde un productor aprende que para trabajar debe negociar con alguien distinto a la ley. La lección es simple y debería viajar más allá de Michoacán: recuperar soberanía significa recuperar territorio, y ningún rincón del país debería acostumbrarse a vivir bajo permiso del crimen organizado.
