El Hijo del Camionero
“La corrupción, esquema tolerado por la sociedad”
(Primera Parte)
Por: Dr. Mario Rodolfo Cid de León Carraro
Coordinador del Grupo de Estudio y
Análisis Técnico Político de Nezahualcóyotl
Abordaremos en esta ocasión derivado del análisis que se ha realizado de la programación presupuestal y financiera del gobierno para la operación del estado, un fenómeno que surge a partir del manejo del erario, las conductas constitutivas como actor de corrupción, un flagelo perverso que conlleva a que terceros, particulares en contubernio con oficiales gubernamentalales, o estos por si mismos, se apropien del dinero público durante el ejercicio de los presupuestos, violentando los principios básicos de la ética y del derecho.
Desde el punto de vista aristotélico tomista, el derecho se concibe como la realización de la justicia, que se constituye como una atribución sustantiva del gobierno en favor del estado, garantizando de esta manera los derechos fundamentales de la ciudadanía en lo personal y en lo comunitario; a todo ello en su conjunto, se le denomina estado de derecho.
La aspiración conjunta del estado como forma de organización superior de la sociedad, es procurar un auténtico estado de derecho, por lo que el gobierno administra la impartición de justicia, basada en la aplicación de normas escritas, aceptadas legítimamente por la sociedad, a través de jueces, magistrados y ministros, los que deben expresar “cualidades irreemplazables de elevada actitud de conciencia, ilustrado criterio, limpieza de juicio y honradez ejemplar”, mostrando la esencia misma del estado.
El estado de derecho es fundamental para combatir una serie de conductas clasificadas como corrupción: “la corrupción puede entenderse como el proceso de quebrar deliberadamente el orden del sistema, tanto ética como funcionalmente, para beneficio personal, además de que el corrupto comete una acción ilegal, también presiona u obliga a otros a cometer tales actos”.
La palabra corrupción proviene del latín corruptio, que se forma de los vocablos con, que quiere decir ‘junto’, rumpere, que quiere decir ‘quebrar’ y el sufijo -io, que quiere decir acción y efecto. La corrupción de acuerdo con la imaginación de la gente se vincula exclusivamente con el mundo de la política y el enriquecimiento ilícito, es decir, con el dinero, pero lamentablemente, no solo se circunscribe a ello, ya que esta existe en distintos ámbitos de la vida de la sociedad, por ello, existe corrupción política, corrupción económica, corrupción sexual, etc es decir los grandes factores corruptores son el dinero, el poder y el sexo.
De un modo u otro, la corrupción suele estar enmarcada en relaciones de poder entre los sujetos, sea en escala micro o macro, sea privada o pública; dichas relaciones de poder no se limitan al mundo de la política.
En todos los aspectos sociales donde existen jerarquías y/o recursos, como empresas, instituciones públicas, escuelas de todos los niveles, entre otros, pueden ser centros generadores de corrupción; esto quiere decir que puede haber corrupción tanto al nivel político, de gobierno, así como en la escuela primaria, siempre que haya alguien que controle la situación de poder o que pretenda controlarla.
El combate a la corrupción debe constituirse como eje de cualquier política de gobierno, porque de otra manera, no se garantiza el éxito de ningún gobierno; por ello en México, se legisló para conformar el Sistema Nacional Anticorrupción; el que se entiende como el espacio de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Este sistema está organizado a través de un comité coordinador formado por: 1) El Consejo de la Judicatura Federal, 2) Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 3) Comité de Participación Ciudadana; 4) secretaria ejecutiva (entre 3 y 4, se conforma la comisión ejecutiva), 5) Fiscalía Anticorrupción, 6) Auditoría Superior de la Federación, 7) Tribunal Federal de Justicia Administrativa y 8) Secretaría de la Función Pública.
Dentro de esta estructura, se encuentra el Sistema Nacional de Fiscalización, integrado por la secretaria de la Función Pública y la Auditoria Superior de la Federación.
Además del espacio federal, el Sistema Nacional Anticorrupción, coordina a los 32 sistemas estatales, cuya constitución, debería ser una réplica local del modelo de la federación.
Revisado el Estado de México como ejemplo y en consecución al impulso del proyecto de consolidar una zona industrial 4.0 y 5.0 en Nezahualcóyotl, se puede visualizar que su Sistema Estatal Anticorrupción, se organiza de la siguiente manera:
SON SUS ATRIBUCIONES:
- Establecer las bases y principios para la efectiva coordinación entre sus integrantes.
- Aprobar, diseñar y promover políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, detección, control, transparencia, rendición de cuentas y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como su evaluación periódica, ajuste y modificación.
- Aprobar la metodología de los indicadores para la evaluación en materia de fiscalización, control de recursos públicos, transparencia y rendición de cuentas, con base en la propuesta que le someta a consideración la Secretaría Ejecutiva.
- Requerir información a los entes públicos respecto del cumplimiento de la política estatal y las demás políticas integrales implementadas, así como recabar datos, observaciones y propuestas requeridas para su evaluación, revisión o modificación de conformidad con los indicadores generados para tales efectos.
- Determinar e instrumentar los mecanismos, bases y principios para la coordinación con los Entes Públicos Fiscalizadores, de control y de prevención y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan.
- Emitir un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas estatales y municipales en la materia.
- Dicho informe será el resultado de las evaluaciones realizadas por la Secretaría Ejecutiva y será aprobado por la mayoría de los integrantes del Comité Coordinador, los cuales podrán realizar votos particulares, concurrentes o disidentes, sobre el mismo y deberán ser incluidos dentro del informe anual.
- Emitir recomendaciones públicas no vinculantes a los entes públicos respectivos, debiendo dar seguimiento a las mismas.
- Establecer mecanismos de coordinación con los Sistemas Municipales Anticorrupción.
- Celebrar los Convenios de Coordinación, Colaboración y Concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.
No obstante este aparato y al reconocimiento de la impunidad como un fenómeno indeseable; así como la identificación de los costos económicos y sociales que genera; existe en México un bajo nivel de denuncias por hechos de corrupción presentadas por la ciudadanía, así lo muestran las estadísticas presentadas por el Censo Nacional de Gobierno, el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales; y el Censo Nacional de Gobierno Municipales y Delegacionales (alcaldías); pareciera que las denuncias obedecen a los niveles de gobierno, las menos son en el espacio municipal y las más en el espacio federal.
El promedio nacional de acuerdo con el INEGI, son 120 denuncias por cada 100 mil habitantes lo que, en concordancia con las especificaciones consideradas en la Política Nacional Anticorrupción del gobierno anterior, equivale a la denuncia de uno de cada cien hechos de corrupción. Para el caso del Estado de México, se tiene que las quejas presentadas por cada 100 mil habitantes, la lleva a ser la octava entidad con mayor número de denuncias, posición que es compartida con Guanajuato, mientras que Ciudad de México, Baja California y Jalisco, ocupan los primeros tres lugares, a su vez Nayarit, Coahuila y Yucatán son las que menos denuncias presentan sus habitantes.
La percepción generalizada sobre la ineficiencia del sistema de justicia, particularmente de la inutilidad de la denuncia de hechos de corrupción impacta en la cultura de la legalidad y guarda relación directa con el inicio de procedimientos de responsabilidad, toda vez que, de acuerdo con el Censo de Gobierno realizado por INEGI, cinco de cada diez denuncias en el ámbito federal y tres de cada diez en las entidades federativas concluyeron en procesos de responsabilidad, en tanto que, el resto de los procesos fueron producto de procesos de auditoría interna o irregularidades observadas en las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.
Para el caso del Estado de México, se encontró que, en el año 2022, las denuncias de servidores públicos por actos relacionados con la corrupción ascendieron a un total de 13,985 de las cuales 7,060 se realizaron mediante un sistema informático, 2,406 vía telefónica, 1,422 en oficinas especializadas para la atención de quejas y denuncias, y 3, 097 por otros medios.
La persistencia de las distintas manifestaciones de la corrupción en México es el resultado de la existencia de condiciones de riesgo identificadas por la actividad inherente al Sistema Nacional Anticorrupción, en las que, entre otras cosas:
- El servicio público a escala nacional no se articula sobre bases mínimas de mérito, profesionalismo, integridad y congruencia.
- Los procesos de planeación, presupuesto y ejercicio del gasto de las instituciones públicas carecen de transparencia y de criterios mínimos que permitan justificar las decisiones públicas.
- Las instancias de auditoría y fiscalización mantienen brechas de recursos, capacidades; además de que su autonomía técnica -en especial a nivel estatal- puede llegar a ser vulnerable.
- Las faltas administrativas y los delitos por hechos de corrupción no son investigados y sancionados de manera eficaz, y en donde, la denuncia no es una herramienta eficaz para el control de la corrupción.
- Es insuficiente el uso, por parte de las autoridades, de datos, evidencia e inteligencia suficiente para la prevención e investigación de hechos de corrupción.
- Las instancias de control interno, así como las de impartición y procuración de justicia carecen de capacidades y recursos suficientes para realizar su labor con prontitud en materia de prevención, detección, investigación y sanción de hechos de corrupción.
- Persisten espacios de opacidad y arbitrariedad en la interacción entre ciudadanos y empresas con el gobierno, al realizar trámites o solicitar servicios.
- Los procesos de contrataciones públicas ocurren en un ambiente de opacidad, discrecionalidad y poca claridad sobre sus efectos en la entrega eficaz de bienes y servicios a la población.
- Las asociaciones público-privadas no cuentan con esquemas suficientes que brinden transparencia y claridad sobre las inversiones realizadas a través de estos mecanismos.
- No existen reglas claras que brinden transparencia y aminoren riesgos de captura y conflicto de interés en las labores de cabildeo.
- Los esquemas de participación y vigilancia social tienen alcances acotados y, en muchas ocasiones, no tienen un funcionamiento adecuado.
- No existen estrategias sistemáticas que promuevan la colaboración entre autoridades, funcionarios y sociedad para el control de la corrupción.
- El desarrollo de prácticas de autorregulación y de integridad en el ámbito empresarial es aún incipiente, y no se cuenta con evidencia sobre su adopción en micro, pequeñas y medianas empresas.
- Los procesos formativos impulsados desde el Sistema Educativo Nacional en materia de formación cívica, ética, integridad y derechos humanos no necesariamente transmiten valores y ni favorecen el desarrollo de capacidades
prácticas que promuevan el control de la corrupción desde la sociedad.
- No existe evidencia suficiente sobre el impacto que tienen las campañas de comunicación y concientización para promover la cultura de la denuncia, y valores como la integridad y la imparcialidad.
Podemos concluir que se trata de conductas que se originan entre otras cosas, por el pésimo diseño de la organización gubernamental, por lo que se debe transitar a un nuevo modelo de gobierno, en conjuntos con una moralización de la sociedad, situaciones que se abordaran la semana próxima.
¡Feliz Navidad!
