ASÍ LAS COSAS
Por Adolfo Prieto
Desde 2021, México ha tenido un avance muy importante en la representación
femenina en la política con la elección, nada más y nada menos, de siete
gobernadoras y una presidenta de la república. Sin embargo, este progreso se
empaña y se cuestiona por una serie de críticas que ponen en entredicho su
capacidad de liderazgo y su compromiso con el bienestar de la población.
Por ejemplo, la jovencita Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, es
objeto de severos cuestionamientos por su incapacidad para abordar la alarmante
violencia y la inseguridad en la región. A pesar de sus múltiples promesas, tanto
en campaña como actual gobernadora, de crear un entorno seguro, lo cierto es
que la situación se ha deteriorado. Los ciudadanos, que confiaron en su liderazgo,
como ha sucedido durante décadas con los hombres que han sido gobernadores,
se sienten engañados y traicionados al ver que sus expectativas se convierten en
un espejismo.
En Campeche, Layda Sansores, hija de "El Negro" Carlos Sansores Pérez,
cacique del Sureste mexicano, ha dejado ver un estilo de gobierno marcado por la
confrontación. Su falta de respeto por la oposición y el uso cuestionable de
recursos públicos son solo algunos de los aspectos que generan desconfianza. La
transparencia, que debería ser un pilar de cualquier administración, brilla por su
ausencia en su gestión. Los escándalos y la falta de rendición de cuentas han
debilitado la legitimidad de su gobierno, haciendo que muchos cuestionen si
realmente está al servicio de su pueblo, pero parece ser que es como su padre
que siempre estuvo al servicio del partido político y del Presidente de la República.
La muchachita Indira Vizcaíno, actual gobernadora de Colima, ha sido acusada de
no generar resultados tangibles en su corto tiempo en el cargo. La inacción frente
a problemas económicos y sociales urgentes ha dejado a la población frustrada.
En lugar de innovar y proponer soluciones, su administración parece paralizada, lo
que pone de manifiesto una alarmante falta de visión y liderazgo y nos deja ver
que, como otras, el puesto le queda grande.
Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, se encuentra atrapada, gracias a su
progenitor Salgado Macedonio, en un legado de inseguridad y corrupción que no
ha logrado, querido o intentado transformar. Aunque su promesa de cambio fue
bien recibida, la falta de acciones concretas ha llevado a la desilusión. Los
ciudadanos de Guerrero, que han padecido décadas de violencia y azotados por la
desgracia debido a fenómenos naturales, no pueden permitirse esperar más, y su
paciencia se agota mientras su administración parece más interesada en la
retórica que en la acción real.
Lorena Cuéllar, jefa del ejecutivo en Tlaxcala, enfrenta un panorama similar. Su
incapacidad para implementar programas sociales de manera efectiva ha
generado un descontento palpable. La gente necesita cambios visibles en salud y
educación, pero las promesas han sido solo eso: palabras vacías. La falta de un
enfoque claro y una estrategia definida están costándole la confianza de los
ciudadanos. Su cercanía a ciertos grupos políticos ha sido vista como un posible
conflicto de interés, lo que ha llevado a dudas sobre su independencia y capacidad
de gobernar para el bienestar general.
Claudia Sheinbaum, actual presidenta de México, no ha estado exenta de críticas.
Su gestión como jefa de gobierno se distinguió por errores en la infraestructura y
una falta de respuesta adecuada ante emergencias. A pesar de algunos logros en
sostenibilidad, la percepción de ineficacia en el manejo de la movilidad y la gestión
del agua ha dejado una sombra sobre su administración. La desconfianza de los
capitalinos crece, y muchos comienzan a preguntarse si realmente está
capacitada para gobernar un país.
Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, heredó un panorama
complicado, pero su administración continua con políticas que muchos consideran
obsoletas. La inseguridad sigue siendo un tema candente y, en lugar de proponer
un cambio radical, su gobierno parece seguir una línea continuista que poco
aporta al desarrollo del estado. La falta de propuestas innovadoras y la inacción
son profundamente decepcionantes para quienes esperaban un verdadero
cambio, algo que se veía venir al mostrar que como Secretaria de Educación
Pública fue algo menos que un cero a la izquierda.
Por otro lado, Luisa María Alcalde Luján y Rosa Isela Rodríguez, aunque no han
sido gobernadoras, sí fueron figuras del gabinete federal en el sexenio pasado, lo
que no las exenta de estar en la línea de fuego. Alcalde, en su papel como
secretaria del Trabajo, fue cuestionada por su incapacidad para mejorar las
condiciones laborales en un país donde los derechos de los trabajadores son
constantemente vulnerados. La falta de acciones efectivas para proteger a los
trabajadores ha llevado a muchos a cuestionar su compromiso con su labor, no se
diga como Secretaria de Gobernación, cuyo puesto ocupó por “dedazo” más que
por su preparación.
Rosa Isela Rodríguez, al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, fue duramente criticada, lo que no le importó, por la creciente violencia
en diversas regiones del país. La ineficacia en la implementación de estrategias
para combatir la criminalidad deja a los mexicanos en un estado de inseguridad
constante, y ahora como Secretaria de Gobernación parece más un intento de
maquillar la situación que un esfuerzo genuino por abordar los problemas de
fondo. Digamos que es la misma gata, pero revolcada, ejemplo claro de cómo se
premia la incapacidad.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la “ministra” Lania Batres se
distingue por su falta de claridad en sus argumentos durante importantes juicios, lo
que ha llevado a cuestionamientos sobre su preparación y enfoque. De la noche a
la mañana pasó a ocupar un puesto importante para el cual no está preparada, lo
que me hace ver que en el sexenio anterior una de las premisas era “echando a
perder se aprende”. Por otro lado, Yazmín Esquivel, ha enfrentado polémica
debido a su implicación en un escándalo de plagio en su tesis doctoral, lo que ha
generado serias dudas sobre su ética profesional y capacidad para desempeñar
su función de manera adecuada.
Ambas situaciones han resaltado preocupaciones sobre la idoneidad de sus
cargos y la necesidad de una evaluación más rigurosa de los perfiles de quienes
ocupan posiciones clave en el sistema judicial.
Aunque la elección de estas mujeres es un avance importante en la
representación de género en la política mexicana, sus gestiones dejan mucho que
desear. La crítica no solo se centra en sus políticas, sino también en su
incapacidad para generar confianza y brindar soluciones efectivas a los problemas
que aquejan a sus estados y al país en general. El verdadero desafío para estas
líderes será demostrar que pueden convertir las expectativas en realidades
tangibles para sus ciudadanos, lo cual se ve muy difícil tomando en cuenta la
manera de cómo llegaron al cargo. La paciencia de la población se agota, y el
tiempo para actuar es ahora. Sin acciones contundentes y efectivas, estas
“líderes” corren el riesgo de ser recordadas no como pioneras en la política, sino
como un reflejo de oportunidades perdidas.
Un sistema que prioriza la capacidad y la preparación sobre el género promueve
una meritocracia más sólida. Esto no solo beneficia a los individuos que son
verdaderamente competentes, sino que también aumenta la confianza de la
ciudadanía en sus líderes, lo que es esencial para el buen funcionamiento de
cualquier democracia.
La paridad de género debe ser un objetivo importante para corregir desigualdades
históricas, pero lo cierto es que debe ir por delante la calidad del liderazgo y la
capacidad de un individuo para el éxito en un cargo. La búsqueda de una
representación equitativa debe ir acompañada de un compromiso con la
meritocracia y la evaluación basada en resultados, asegurando que el enfoque se
mantenga en la efectividad y competencia, independientemente de si se trata de
hombres o mujeres.
México se hunde en la mediocridad debido a decisiones basadas en un ideal de
representación que ignora la realidad de la preparación y la eficacia. La urgencia
por transformar el país exige líderes con la capacidad de abordar los problemas de
manera efectiva, sin importar su género. La igualdad de oportunidades tiene que
incluir la posibilidad de que tanto hombres como mujeres sean evaluados y
seleccionados en función de su capacidad, asegurando que quienes estén al
mando tengan la preparación necesaria para guiar un país. Es absurdo que, bajo
un enfoque que busca la paridad de género, se coloque en puestos clave a
mujeres sin la capacidad necesaria, al igual que a hombres mediocres que han
plagado el panorama político durante décadas. Esta dinámica no solo socava el
principio de meritocracia, sino que perpetúa un ciclo de ineptitud. La lucha por la
equidad no debe sacrificarse en nombre de un ideal que no prioriza lo esencial: la
competencia y la preparación.
Hasta la próxima.
adolfoprietovec@hotmail.com